lunes, 4 de enero de 2016

Consecuencias inherentes a la nulidad, no solicitadas, y principio de congruencia.


Respecto de la exhaustividad y congruencia de las sentencias establece el artículo 218.1 LEC que: “1 Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” , añadiendo el párrafo segundo que “El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.”

El segundo párrafo del artículo 218.1 LEC no venía recogido por el artículo 359 de la LEC 1881, pero no es ninguna novedad, porque en materia de congruencia de las resoluciones judiciales, tiene declarado el Tribunal Constitucional desde las Sentencias 20/1982, de 5 mayo, 14/1984 de 3 febrero. 14/1985 de 1 febrero,  77/1986 de 12 junio, y 90/1988, de 13 mayo, que la incongruencia se trata de un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, pues al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium  (por todas, SSTC 90/1988, de 13 mayo, y 111/1997, de 3 junio), cuyos contornos han decantado secularmente los tribunales al depurar la aplicación de la legalidad procesal ordinaria. Como ya declaró la STC 222/1994, de 18 jul. (FJ 2), con cita de doctrina anterior, el juicio de congruencia de la resolución judicial requiere ineludiblemente la confrontación entre la parte dispositiva de la resolución de que se trata y el objeto del proceso, y declara que los Jueces y Tribunales deben aplicar el Derecho y la doctrina correctos a los hechos y cuestiones debatidas en el pleito, aunque no hubieran sido alegados por los recurrentes, estando así reconocido por las SSTC 87/1994, de 14 de marzo, 172/1994, de 7 de junio, y 187/1994, de 20 de junio.

En el mismo sentido la STS núm. 834/2009 de 22 diciembre (RJ 2010\703), con cita de otras muchas...[....]

Por otro lado, e íntimamente vinculado con ello, hay que señalar que la causa de pedir no está integrada única y exclusivamente por hechos puros, despojados de cualquier consideración jurídica, sino que, por el contrario, debe entenderse como tal ...

¿Puede afirmarse que se han alterado los términos del debate, y que existe por tanto incongruencia, cuando a la petición de nulidad formulada en una demanda no se anudan explícitamente sus consecuencias, y, sin embargo, el tribunal se pronuncia sobre las mismas?

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Por lo tanto, y como conclusión, podemos afirmar que se trata de una cuestión que ya estaba resuelta por nuestra jurisprudencia, pero en la que se vuelve a incidir en esta STS a propósito de las consecuencias inherentes a la nulidad de una cláusula abusiva, en el sentido de que no existe incongruencia porque el tribunal se pronuncie sobre las consecuencias que por ley vienen establecidas para la declaración de nulidad, aun cuando dichas consecuencias no hayan sido solicitadas expresamente, o las solicitadas fueran distintas a las finalmente señaladas por el tribunal; y ello es así porque, en tal caso, no existe desajuste alguno entre el fallo y los términos en que las partes formularon la pretensión que constituyó el objeto del proceso, la causa de pedir, que era en este caso la nulidad de una clausula por abusividad, por lo que no se puede alegar ni incongruencia del fallo,  porque no se concede ni más, ni menos ni cosa distinta de lo pedido, ni indefensión, porque no se hurta el debate sobre dicha pretensión, sin que la aplicación de los efectos que la ley otorga al acogimiento de dicha pretensión sea otra cosa que eso, un efecto derivado de la ley, obligado, que no sirve para articular la petición de incongruencia.

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