La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con
1.455.000 euros a 9 colegios de abogados por realizar una
recomendación colectiva de precios a sus colegiados, según publica hoy
CONFILEGAL.COM
Es cierto que la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe, por supuesto, las actuaciones concertadas, y que la Ley Ómnibus prohíbe
expresamente a los Colegios establecer recomendaciones sobre honorarios ni
cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre
honorarios profesionales, por cuanto pueden producir “el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional y,
en particular, los que consistan en: a) La fijación, de forma directa o
indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.”
Sí, la norma dice lo que dice, y a ver a qué se refiere la CNMC cuando habla de "recomendación colectiva", pero sí la preocupación es que se pueda estar restringiendo o falseando la competencia entre
los abogados es que hay alguien que no se está enterando de nada.
La
competencia real entre abogados era una preocupación hace
décadas, cuando se proponía abaratar el coste de los servicios jurídicos para reducir los costes legales de las empresas y, se decía, para facilitar el acceso a la Justicia de los consumidores. Para ello se proponían medidas liberalizadoras sobre la
publicidad, la colegiación obligatoria, las recomendaciones de honorarios
mínimos, y la eliminación de barreras de entrada a la profesión, asegurando que los costes sociales de los errores de formación e información derivados de fiarlo todo a las leyes del mercado, no eran tan
graves como los que se podían originar en el caso de médicos, veterinarios, o farmacéuticos.
Hoy
no creo que exista esa preocupación, ni poco ni mucho, no la hay en absoluto, hay el doble de abogados por habitante que la media europea, solo por detrás de EE.UU., habiendo experimentado un crecimiento exponencial entre 2007 y 2017, pasando de 116.394 a 152.954, lo que representa un incremento de casi un 31%, y hoy basta con teclear en Google “abogados
gratis” para conseguir +7.900.000 resultados, lo que se ha convertido en un negocio para las plataformas digitales. De hecho entre las
propuestas
de la CEOE y el Consejo General de Economistas para la mejora de la
Administración de Justicia, no hay ni una sola medida que se refiera, directamente
al menos, a los abogados. No era el tema, claro, pero es que la falta de competencia entre abogados ya no es tema.
La
competencia es hoy dura, muy dura, y no está mal que así sea, pero hace difícil de aceptar ese marcaje de la
CNMC.
Otra
cuestión es que haya afectado a la Banca por oponerse temeraria y masivamente
a las legítimas reclamaciones de aquellos que previamente habían adquirido sus
productos, o aceptado cláusulas abusivas, colapsando los juzgados en perjuicio
de todos, y además gratis, o casi, por cuanto ya cuentan con una condena en costas, que es descontable económicamente en el tiempo (todo el tiempo que consiguen retrasar la causa por el colapso que ellos mismos han creado), y la declaración de mala fe o temeridad no
tiene consecuencias en nuestro sistema de imposición de costas por el simple vencimiento, y de tasación, porque cuando se modifican es solo la baja. Solo las del abogado, claro.
Pero
claro, eso es otra cuestión.
José Ignacio Martínez Pallarés
Abogado
